Francia aprobó por muy amplia mayoría el jueves en la Asamblea Nacional, que con seguridad refrendará el Senado, un proyecto de ley punitivo contra la moda rápida y ultrarrápida, especialmente dirigido a las marcas chinas Shein y Temu. Prohíbe por completo su publicidad y aplica un gravamen por su impacto ambiental: progresivamente hasta 10€ por prenda en 2030, hasta el 50% del precio. El ministro de Transición Ecológica se mostró muy satisfecho de que Francia sea “el primer país que legisla para limitar las derivas de la moda ultrarrápida”.

La Comisión Europea quiere eximir de controles y sanciones medioambientales para acceder a ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a pequeñas explotaciones agrarias de menos de 10 ha, para aliviar aún más su carga administrativa. Así lo adelanta la presidenta de la Comisión Europea von der Leyen al primer ministro polaco Donald Tusk, en conversación telefónica previa a la presentación formal de la propuesta. El Ministerio de Agricultura ha enviado a las comunidades autónomas una propuesta para revisar el plan estratégico de la PAC en España.

El término misofonía significa odio al sonido, y consiste en una hipersensibilidad hacia los sonidos por debajo de una conversación en un volumen normal, que se estima en torno a los 40 o 50 decibelios. Por ello, también es conocida como el Síndrome de la Sensibilidad Selectiva al Sonido, porque solo se produce a cierto rango de sonidos y no a todos en general.

Había denunciado a los propietarios de un pub de Gines, en Sevilla, cercano a su domicilio por ruido y poco después su casa quedaba calcinada por las llamas de un fuego

El TSXG paralizó varios parques eólicos con el argumento de que no se habían respetado los plazos de consulta pública. Sin embargo, el Tribunal Supremo (TS) corrigió a los jueces gallegos el pasado mes de diciembre, en una maniobra que el sector recibió con júbilo al entender que podía desatascar el embudo judicial. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, el TSXG cambió de criterio para mantener las medidas cautelares. Sus magistrados se asieron en esta ocasión a los argumentos medioambientales para paralizar los proyectos.

La empresa ha mandado a "una abogada de Madrid con un poder especial que no tenía ni la más remota idea" de contestar a las preguntas que le han hecho las partes, pues "no sabía" ni quiénes son los titulares reales de la mina ni quién está detrás del proyecto. "No sabía absolutamente nada", se queja.No se conoce la identidad de los titulares reales de la mina, "el control de empresa pantalla Metais Estratéxicos SL, con un capital de apenas 3.000 euros, se ejerce a través de empresas interpuestas situadas en jurisdicciones opacas y paraísos...

La respuesta de los gobiernos europeos a las tractoradas convierte en voluntarias las obligaciones ambientales a la hora de percibir los fondos públicos de la PAC

Ecologistas en Acción de Extremadura ha registrado un escrito en el que denuncia la pérdida de vigencia de la DIA para la explotación subterránea de la mina de Aguablanca, publicada en 2017 y prorrogada en 2021 hasta 2023. La organización ecologista considera que mientras la mina ha estado inactiva desde 2015 hasta nuestros días, se han producido cambios de propietarios y proyectos que muestran un uso especulativo incompatible con prácticas de minería responsable.

En octubre de 2012, el entonces Director General de Energía y Minas Ángel Bernardo Tahoces, hoy acusado de prevaricación ambiental precisamente por haber aprobado los proyectos de explotación y plan de restauración de Varilongo un año antes, en 2011, sin someterlos al proceso de evaluación ambiental. impacto, emitió resolución aprobando el “Proyecto de instalación de la planta de tratamiento de minerales metálicos del Grupo Mineiro Santa Comba” de junio de 2012.

Más allá del consumo de energía y agua, las emisiones de carbono asociadas con la IA también son una preocupación importante, ya que contribuye sustancialmente a la huella de carbono del sector tecnológico. Los gigantes tecnológicos están intentando mitigar estos efectos invirtiendo en energía verde, redirigiendo solicitudes informáticas no urgentes a CPDs con menor huella carbono y prometiendo alcanzar objetivos de carbono cero. Todo esto se puede hacer ahora, pero imaginémonos la cantidad de datos que pueden manejar en tan solo 5 o 10 años

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha admitido a trámite una denuncia contra el festival pirotécnico del domingo de la asociación animalista Salvando Peludos, que solicita su suspensión cautelar por el daño en el medio. Rel: menea.me/2brhu

La jueza aprecia indicios de delito ambiental en la macrogranja de Caparroso y por tanto considera que su consejo rector debería ser juzgado, la jueza de Tafalla se apoya en un atestado de la Policía Foral y además acude a dos informes de especialistas del Gobierno de Navarra que constatan las posibles graves afecciones al medio ambiente que generaron los riegos de la empresa Valle de Odieta.

La Fiscalía ha pedido una pena de un año y nueve meses para los 15 manifestantes que arrojaron agua coloreada de remolacha a la fachada del edificio [Congreso]. Los hechos se remontan al 6 de abril de 2022 cuando un grupo de activistas ambientales reclamaron más acción por parte de los poderes públicos para atajar el cambio climático planetario. Aparte de concentrarse en las escalinatas de entrada al Congreso –junto a los famosos leones– tiraron agua teñida de remolacha a los peldaños, las columnas y algo de la fachada del edificio.

La Fiscalía de Medio Ambiente de A Coruña ha abierto una investigación contra la Xunta de Galicia para aclarar si el Gobierno gallego se maneja con las eléctricas para que sean estas las que, de manera opaca, elaboren las declaraciones de impacto ambiental . A simple vista todo es correcto, pero si se consultan los metadatos de esos documentos se comprueba que la huella digital de al menos seis de ellos señala que sus autores no son funcionarios públicos, sino trabajadores de las empresas eléctricas que promueven dichos parques.

El sistema agroalimentario puede ofrecer alimentos baratos porque en toda su cadena esconde costes ambientales, sociales y sanitarios. Una reciente investigación elaborada por economistas y científicos de la Comisión de Economía de los Sistemas Alimentarios (FSEC) ha logrado por primera vez cuantificar esta cifra: 15 billones de dólares anuales.

Según sus autores, el actual modelo de producción está "destruyendo más valor del que crea"
La única solución es virar cuanto antes hacia "un sistema alimentario mundial más sostenible"