El programa electoral de VOX para las elecciones generales del 23J consta de 178 páginas y 381 propuestas. El partido de extrema derecha no habla de cambio climático, sino de religión climática. Considera que el Gobierno está bajo el mandato de los «radicales ecologistas», de la Unión Europea y otros organismos internacionales. Su intención es derogar cualquier avance legislativo, ya sea local, central o europeo. Entre las medidas de VOX no hay ninguna referencia a emprender acciones para mitigar el evidente calentamiento global ni a sus causa

El Gobierno andaluz subvencionó a jóvenes agricultores para la instalación de invernaderos incluso después de 2004, fecha en la que se estableció la prohibición retroactiva

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha vuelto a paralizar la tramitación de la proposición de ley para ampliar regadíos en el entorno de Doñana hasta después de las elecciones del 23 de julio. La polémica iniciativa no es un proyecto directo de su Gobierno, sino de los grupos PP y Vox, pero su partido político tiene mayoría absoluta, maneja los tiempos parlamentarios y ha decidido ralentizar el trámite hasta que pasen los próximos comicios, como ya hizo antes de las municipales del 28 de mayo.

Los populares plantean por primera vez trasvasar el agua para nuevos riegos de "otra demarcación" y apuntan a la cuenca del Guadiana, río fronterizo con Portugal, de gestión compartida con España en el Convenio de Albufeira de 1998

Los populares proclaman que el "objetivo prioritario" es la protección de las aguas subterráneas, y abren la puerta a recibir recursos en superficie de otra demarcación al margen de la del Tinto, Odiel y Piedras.

El PP hace cálculos con el calendario porque si se aprueba el 26 de julio, tres días después de las generales, la ley del regadío quedaría suspendida a instancias del Gobierno en funciones.

Las organizaciones WWF y Ecologistas en Acción presentan un escrito con ocho enmiendas, cuatro de supresión para cada artículo de la ley, y dos adicionales para crear una oficina de seguimiento que vigile las parcelas con y sin permiso para regar

Los comparecientes en la comisión de Fomento exponen durante 10 horas los pros y contras de la ley para ampliar regadíos junto a Doñana y piden "consenso" a Gobierno y Junta. Los ciudadanos tienen dos días para registrar enmiendas al texto y los grupos hasta el 22 de junio.

Según cálculos de Greenpeace, el 16% de los casi 4 millones de hectáreas de regadío legales que existen en España, el equivalente a unas 516.000 hectáreas, se encuentran en áreas tensionadas, es decir, aquellas donde los acuíferos están en mal estado cuantitativo (por sobreexplotación) o químico (por contaminación de nitratos). El 3,7 % de la superficie regada (116.000 hectáreas) se considera que está en una situación crítica

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) plantea que la proposición de ley de ampliación de la zona regable en el entorno de Doñana presentada por PP y Vox en el Parlamento de Andalucía "es, como mínimo, inútil, y con más exactitud, un engaño", ya que tiene por objeto "declarar unas zonas regables que no van a tener acceso al agua".

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha emitido este viernes un informe para reiterar su rechazo a la ley andaluza que pretende legalizar cerca de 2.000 hectáreas de regadío irregular en Doñana. El organismo ha publicado los motivos jurídicos por los que el proyecto legislativo de Moreno Bonilla no se debería tramitar y ha recalcado que el texto es "incompatible" con la planificación hidrográfica de la cuenca y con otras leyes españolas.

La entidad argumenta que precisa de un plan que debe ser sometido a las "figuras de prevención ambiental". Acusa a la Junta de "mala fe deliberada" al declarar zonas regables que no tienen derecho al agua, algo "inútil" y un "engaño".

El Ministerio ha cortado el suministro de agua a 8.805 en la cuenca para proteger el acuífero y evitar la contaminación por nitratos.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, no comparecerá en el Parlamento andaluz para participar en la tramitación de la proposición de ley que promueven el PP y Vox sobre Doñana, que prevé ampliar la superficie susceptible de tener derechos de riego. Según ha indicado por redes sociales, no acudirá a la comisión que a partir de ahora pasarán agentes sociales entre los que estos dos partidos han vetado a técnicos y científicos que trabajan en el Parque Nacional, entre ellos al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes