La empresa ha mandado a "una abogada de Madrid con un poder especial que no tenía ni la más remota idea" de contestar a las preguntas que le han hecho las partes, pues "no sabía" ni quiénes son los titulares reales de la mina ni quién está detrás del proyecto. "No sabía absolutamente nada", se queja.No se conoce la identidad de los titulares reales de la mina, "el control de empresa pantalla Metais Estratéxicos SL, con un capital de apenas 3.000 euros, se ejerce a través de empresas interpuestas situadas en jurisdicciones opacas y paraísos...

Dos de las familias de las víctimas del incendio de Teatre, registran hoy una querella contra contra el actual edil de urbanismo, Antonio Navarro Corchón, contra el anterior concejal, Andrés Guerrero, y contras tres funcionarios municipales. Los denunciantes piden a la juez que proceda a la apertura de una pieza separada para la investigación de los miembros del Ayuntamiento de Murcia, al objeto de determinar si la omisión en la ejecución de la orden de cierre y precinto constituye un hecho tipificado como prevaricación por omisión.

La respuesta de los gobiernos europeos a las tractoradas convierte en voluntarias las obligaciones ambientales a la hora de percibir los fondos públicos de la PAC

Ecologistas en Acción de Extremadura ha registrado un escrito en el que denuncia la pérdida de vigencia de la DIA para la explotación subterránea de la mina de Aguablanca, publicada en 2017 y prorrogada en 2021 hasta 2023. La organización ecologista considera que mientras la mina ha estado inactiva desde 2015 hasta nuestros días, se han producido cambios de propietarios y proyectos que muestran un uso especulativo incompatible con prácticas de minería responsable.

En octubre de 2012, el entonces Director General de Energía y Minas Ángel Bernardo Tahoces, hoy acusado de prevaricación ambiental precisamente por haber aprobado los proyectos de explotación y plan de restauración de Varilongo un año antes, en 2011, sin someterlos al proceso de evaluación ambiental. impacto, emitió resolución aprobando el “Proyecto de instalación de la planta de tratamiento de minerales metálicos del Grupo Mineiro Santa Comba” de junio de 2012.

Más allá del consumo de energía y agua, las emisiones de carbono asociadas con la IA también son una preocupación importante, ya que contribuye sustancialmente a la huella de carbono del sector tecnológico. Los gigantes tecnológicos están intentando mitigar estos efectos invirtiendo en energía verde, redirigiendo solicitudes informáticas no urgentes a CPDs con menor huella carbono y prometiendo alcanzar objetivos de carbono cero. Todo esto se puede hacer ahora, pero imaginémonos la cantidad de datos que pueden manejar en tan solo 5 o 10 años

Una jueza de Madrid ha decidido mandar al banquillo al periodista Carlos Sosa. Será juzgado por varios delitos de odio, acoso y revelación de secretos. La acusación pide para él ¡23 años de prisón!. La jueza ha fijado una fianza civil de 422.500 euros. Todo esto nace de una querella del juez corrupto Salvador Alba, en prisión por fabricar pruebas contra la exdiputada de Podemos Victoria Rosell, que es también pareja de Sosa.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha admitido a trámite una denuncia contra el festival pirotécnico del domingo de la asociación animalista Salvando Peludos, que solicita su suspensión cautelar por el daño en el medio. Rel: menea.me/2brhu

La jueza aprecia indicios de delito ambiental en la macrogranja de Caparroso y por tanto considera que su consejo rector debería ser juzgado, la jueza de Tafalla se apoya en un atestado de la Policía Foral y además acude a dos informes de especialistas del Gobierno de Navarra que constatan las posibles graves afecciones al medio ambiente que generaron los riegos de la empresa Valle de Odieta.

La Fiscalía ha pedido una pena de un año y nueve meses para los 15 manifestantes que arrojaron agua coloreada de remolacha a la fachada del edificio [Congreso]. Los hechos se remontan al 6 de abril de 2022 cuando un grupo de activistas ambientales reclamaron más acción por parte de los poderes públicos para atajar el cambio climático planetario. Aparte de concentrarse en las escalinatas de entrada al Congreso –junto a los famosos leones– tiraron agua teñida de remolacha a los peldaños, las columnas y algo de la fachada del edificio.

La Fiscalía de Medio Ambiente de A Coruña ha abierto una investigación contra la Xunta de Galicia para aclarar si el Gobierno gallego se maneja con las eléctricas para que sean estas las que, de manera opaca, elaboren las declaraciones de impacto ambiental . A simple vista todo es correcto, pero si se consultan los metadatos de esos documentos se comprueba que la huella digital de al menos seis de ellos señala que sus autores no son funcionarios públicos, sino trabajadores de las empresas eléctricas que promueven dichos parques.

El recién ascendido miembro del Ejecutivo de Pere Aragonès carga contra Junts por no aprobar la ley de amnistía en el Congreso y considera que hay “jueces con metralleta” que intentan agujerear el texto

La Fiscalía Anticorrupción se opone a que se investigue por cohecho al FC Barcelona por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, al concluir que éste no tiene la condición de funcionario público que exige el delito. La Audiencia de Barcelona deberá decidir ahora si revoca la decisión del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre,

El sistema agroalimentario puede ofrecer alimentos baratos porque en toda su cadena esconde costes ambientales, sociales y sanitarios. Una reciente investigación elaborada por economistas y científicos de la Comisión de Economía de los Sistemas Alimentarios (FSEC) ha logrado por primera vez cuantificar esta cifra: 15 billones de dólares anuales.

Según sus autores, el actual modelo de producción está "destruyendo más valor del que crea"
La única solución es virar cuanto antes hacia "un sistema alimentario mundial más sostenible"

La presidenta de la Comunidad de Madrid anuncia la construcción de un nuevo museo para recordar el legado de la comunidad judía. Ya les ha cedido viviendas públicas y una subvención directa de 56.000 euros

La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, ha exigido este sábado el cese de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, por "acusar de prevaricación" al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón -que investiga el 'caso Tsumani' que afecta a Carles Puigdemont-, y ha avanzado que llevará este "hostigamiento" a la Justicia a la Unión Europea.

Además, se añadía que, pese a ello, el acusado "plenamente conocedor de la situación financiera" dictó providencias, en 2014 y 2015, "en las que declaró, a sabiendas de su ilegalidad y conocedor de los reparos realizados por los órganos de gestión de la corporación municipal, la realización por la empresa 'Construcciones ES S.L' de prestaciones y obras en las que se incumplía la normativa de contratación".