El PP madrileño presentó su denuncia poco después de que el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid llevaran también a la Fiscalía Anticorrupción el contrato vinculado con el hermano de Isabel Díaz Ayuso. El hilo conductor de su acusación se centra en la vinculación de cada sociedad con las distintas administraciones y "la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos".

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido este viernes un informe al magistrado que investiga el caso del pelotazo de las mascarillas de los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, el juez Adolfo Carretero, donde se opone a la imputación en la causa de Carlos Martínez Almeida (primo del alcalde de Madrid) y de la coordinadora de Recursos Humanos del Consistorio, Elena Collado.

"El Partido Popular controla los nombramientos en la Jefatura de la Fiscalía Anticorrupción de forma ininterrumpida desde hace 19 años. Antonio Sabina, después Manuel Moix y por último Alejandro Luzón. Desde 2003 a la actualidad, todos los Fiscales Jefes de Anticorrupción los ha nombrado el Partido Popular"

Un informe de Antiblanqueo, que permanece bajo secreto, presentó unos “hechos” que la Fiscalía interpretó de forma provisional hasta mediados de 2021 como blanqueo y malversación, éste último cometido presuntamente desde el Ayuntamiento de Madrid. La querella que ha presentado la Fiscalía Anticorrupción descarta la malversación, mantiene el blanqueo y añade la falsificación documental, imputables únicamente a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, por lo que descarta la participación de cargos del Ayuntamiento en hechos delictivos.

La querella de la Fiscalía detalla cómo los test de anticuerpos y los guantes que Luis Medina y Alberto Luceño trajeron desde China no servían o no eran los que la corporación municipal había solicitado en un primer momento. La ciudad de Madrid pagó en marzo de 2020 más de 11 millones de euros a una empresa de Malasia para traer material sanitario a la capital en lo peor de la primera ola de la pandemia. Más de la mitad de ese dinero, según la Fiscalía, fueron comisiones para dos empresarios españoles, Luis Medina y Alberto Luceño.

La sección Tercera de lo Penal está por resolver los doce recursos de apelación -encabezados por Fiscalía Anticorrupción- que quieren reabrir la investigación por estimar que el juez García Castellón hizo cierre en falso y sorpresivo. Piden reimputar a María Dolores de Cospedal.

La Fiscalía Europea ha señalado este miércoles que la decisión de la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, de dividir en dos la causa en la que se investiga el contrato de emergencias vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso "no se ajusta a la legislación de la Unión Europea" y anuncia que continúa con su investigación. La Fiscalía Europea investiga de hecho la posible malversación que se hubiera podido producir, dado que las mascarillas fueran compradas con fondos europeos.

La Junta de Fiscales de Sala ha respaldado este lunes por unanimidad la decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de permitir que la Fiscalía Europea investigue el contrato vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso, pero en paralelo a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción española.

No ve que haya habido malversación porque de hecho las mascarillas llegaron a su destino.

La Fiscalía Anticorrupción, tal y como ha avanzado la Cadena Ser, llamará a declarar a Tomás Díaz Ayuso por su papel de mediador en el contrato de 1,5 millones adjudicado a la empresa Priviet Sportive S.L. por el que llegó a percibir 55.850 euros más IVA. Además, este órgano judicial citará a Daniel Alcázar, administrador único de la empresa adjudicataria. Ambas declaraciones se producirán en las próximas semanas, aunque no hay una fecha definida.

La Fiscalía examinará en las próximas semanas si hay indicios de que la adjudicación del contrato al hermano de Ayuso estuviese amañada, de que cobrase algún tipo de comisión ilegal y no por trabajos realizados, así como si pudo usar Priviet Sportive como empresa pantalla

La Fiscalía critica que la dirección nacional del Partido Popular "consentía y aceptaba" el descontrol de la financiación en Valencia sin establecer los mecanismos de prevención marcados por la ley de financiación de partidos de 2015. El Partido Popular afirmó a la justicia que se adecuaría a la ley en 2017 pero incumplió su compromiso, y su actual presidente, Pablo Casado, reiteró la promesa en febrero pasado, pero sigue sin aprobarlo

El ministerio fiscal, que también solicita que se investigue al exconsejero del PP Juan José Güemes, estima en 10 millones de euros las pérdidas para las arcas públicas por el recorte en el hospital Puerta de Hierro

La Fiscalía recurre a la Sala de lo Penal la negativa del juez instructor a citar a nuevos imputados y testigos por el presunto dinero negro de Indra al PP de Aguirre. García Castellón acusa a los fiscales de dilatar innecesariamente la causa con una "vía oblicua" y estos se quejan de que llevan tres años esperando que les entregue documentación

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la causa que investiga si la eléctrica contrató los servicios del excomisario José Villarejo para espiar, entre otros, al presidente de ACS, Florentino Pérez.

La juez sustituta del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Diputación Provincial de Valencia, Alfonso Rus, y otros siete acusados en el marco de la pieza separada D del ‘caso Taula’, relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de "call center" para la empresa pública Imelsa.

La Fiscalía Anticorrupción se opone a la citación en calidad de investigado del ex vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias en el denominado caso Dina que se instruye en la Audiencia Nacional. Se da la circunstancia de que ya también ex líder de Podemos, tras haber abandonado su escaño en el Congreso de los Diputados y salir de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, ha perdido su aforamiento ante el Tribunal Supremo y ello abre la puerta a que el juez pueda citarle como investigado en esa causa.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que el comisario encarcelado y encausado en una treintena de piezas, José Manuel Villarejo

Niega haberlo filtrado o que exista un pacto, aunque analizará el documento para posible aplicación de atenuantes.

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo la denuncia presentada por el rival de Pablo Iglesias en la última asamblea del partido que le señalaba como responsable de un fraude en las primarias, al entender que es de su competencia dado que afecta a un aforado. Además del vicepresidente Pablo Iglesias se dirige contra la actual ministra de Igualdad Irene Montero.

Insinuaciones de filtraciones, traspaso de casos por decreto y la salida de uno de los fiscales que investigaba al comisario alteran la relación con el equipo de Delgado.

Ignacio Stampa, uno de los dos fiscales que han impulsado las más de treinta piezas de las que se compone por ahora el caso Villarejo, no seguirá en la Fiscalía Anticorrupción y, por tanto, dejará de investigar esta macrocausa. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha rechazado asignarle una de las nueve plazas en propiedad en ese departamento a las que había optado y que ha adjudicado este martes. Hasta ahora, Stampa estaba en la Fiscalía Anticorrupción en comisión de servicio.

La fiscalía de la localidad polaca de Lublin ha presentado cargos de espionaje contra el periodista Pablo González, que después de dos años y medio encarcelado en Polonia en prisión preventiva fue canjeado hace dos semanas con Rusia como parte de un histórico intercambio de presos.

La Fiscalía recurrirá la providencia del juez Juan Carlos Peinado en la que rechaza la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de testificar por escrito en la causa en la que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por supuestos tráfico de influencias y corrupción en los negocios, informan fuentes fiscales. El Ministerio Público tiene la intención de presentar en el Juzgado el recurso sobre la declaración de Sánchez en la mañana de este lunes, la víspera de su citación como testigo.

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado dejar el 'caso Koldo' en manos de la Audiencia Nacional y no de la Fiscalía Europea al considerar que no se han visto afectados los intereses financieros de la Unión Europea. Lo que se investiga "es la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener de forma irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario en distintas administraciones públicas nacionales".

En dicha denuncia registrada ante la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Público, Ábalos especifica que la difusión de material privado que le afecta personalmente a él y a personas de su entorno habría "sido consentida". En ese sentido, la investigación que solicita "se dirige a quien tiene la obligación de preservar esta privacidad, que no son otros que los funcionarios que hayan intervenido en la investigación y quienes hayan sido custodios de esta".

El ministerio público toma la iniciativa tras la decisión del juez Peinado de acudir el 30 de julio a La Moncloa para interrogar al presidente del Gobierno. Esta institución prevé tomar dicha iniciativa después de que el magistrado Juan Carlos Peinado, responsable del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, haya acordado este lunes que irá el próximo 30 de julio al palacio de La Moncloa para, a partir de las 11.00, interrogar al jefe del Ejecutivo.

La decisión del juez de no esperar a conocer la opinión de la Fiscalía para denegar la amnistía a Puigdemont suma un nuevo capítulo a la polémica instrucción del magistrado. Fuentes jurídicas enmarcan la rapidez del juez Aguirre en enviar el caso al Supremo en un intento de evitarse un nuevo revés de la Audiencia de Barcelona. El juez desoyó hace tres semanas la orden que le habían dado sus superiores para enviar el caso a juicio o archivarlo y, en cambio, decidió seguir investigando la trama rusa.

Vox y la asociación ultracatólica Hazte Oír han anunciado este sábado que han solicitado personarse en el procedimiento abierto en la Fiscalía Europea para investigar el uso de fondos europeos en contratos públicos con los que tuvo relación Begoña Gómez.La Fiscalía Europea reclamó a la Justicia española la parte principal del caso en la que está investigada Gómez en una causa sobre presunta corrupción en el sector privado y tráfico de influencias por una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias.

Resalta que ninguno de los delitos por los que pidió hasta 27 años de prisión supuso una violación grave de derechos humanos. La Fiscalía presentó en su día un escrito de acusación que reclamaba 27 años de prisión para ocho detenidos en la operación Judas y ocho para otros cuatro. El Ministerio Público considera que las actividades de la célula radical surgida de los CDR, autodenominada ERT (Equipo de Respuesta Rápida), supusieron la comisión de delitos de pertenencia a organización terrorista y, para ocho de los investigados, también de tenenc