La representante de la Fiscalía Europea en España, la fiscal Concepción Sabadell, reclamó días atrás a Anticorrupción la totalidad de las diligencias de investigación relacionadas con la adjudicación que afecta a Tomás Díaz Ayuso. España no puede impedir que la Fiscalía Europea abra una investigación por supuesta malversación, pero sí puede oponerse a que asuma la totalidad de las pesquisas. Anticorrupción ha respondido con una negativa a entregar a estas diligencias preprocesales abiertas porque no aprecia que haya podido cometerse un delito.

A ello, Más Madrid añade «los contratos que llevamos denunciando hace tiempo y es el sobrecoste del hospital Zendal. Hoy traemos la sala de prensa, que costó 300.000 euros, sirvió para hacer dos ruedas de prensa y en la que había nueve televisores de 55 pulgadas que costaron 8.000 euros cuando cualquier madrileño los puede comprar entre 2.000 y 3.000 euros». El montaje de la sala «costó 40.000 euros y supone que serían en un salario medio 3.500 horas de trabajo y esto es absolutamente increíble».

Anticorrupción ve indicios para acusar por un delito de blanqueo imprudente al Santander y al BNP Paris Bas, por colaborar en la ocultación de fondos del HSBC, pero considera que el delito ha prescrito. La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que archive la pieza “Entidades”, en la que se investiga si los bancos Santander y BNP Paris Bas colaboraron en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre los años 2005 a 2008, con la intención de ocultarlos a la Hacienda.

El juez instructor rechaza el recurso de la Fiscalía que pedía archivar el caso y defiende que no está realizando una investigación “prospectiva” sobre el comunicado con el que el Ministerio Público buscó desmentir informaciones falsas sobre la investigación a Alberto González por doble fraude fiscal

Un nuevo cálculo arroja que Ana Duato dejó de pagar a Hacienda entre 2014 y 2017 menos del mínimo de 120.000 euros que convierten la defraudación en delito penal

La querella presentada en la Audiencia Nacional asegura que la energética se aprovechó de su posición dominante en plena crisis económica provocada por la epidemia de Covid

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó este miércoles en las oficinas de Red.es en el complejo Azca de Madrid para requerir los expedientes y las comunicaciones relacionadas con los contratos que este organismo público concedió al empresario Carlos Barrabés tras presentar varias cartas de apoyo de Begoña Gómez. Las diligencias responden a la investigación que ha iniciado la Fiscalía Europea en torno las gestiones de la mujer de Pedro Sánchez para favorecer presuntamente a compañías que acabaron obteniendo contratos.

Juan Carlos Peinado no permitió al director de 'El Confidencial', uno de los medios que ha publicado informaciones sobre las actividades profesionales de Begoña, responder sobre las cartas de recomendación de la mujer del Presidente del Gobierno

La existencia o no de dichos pactos no se conocerá de cualquier modo hasta este martes, cuando comience el juicio, si bien fuentes próximas al caso los dan por seguros con al menos cuatro de los cinco acusados. Estos serían los tres proxenetas imputados, que están acusados de delitos de cohecho pasivo y se enfrentan penas de entre un año y un año y medio de prisión, y el cabo de la Guardia Civil .

Nuevo revés judicial para el BBVA. El fiscal Alejandro Cabaleiro ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga la pieza sobre los encargos realizados por el banco vasco al excomisario José Manuel Villarejo, que siente a la entidad en el banquillo de los acusados como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios, según un escrito fechado el pasado 17 de mayo al que ha tenido accesola agencia Bloomberg.

La investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, entró el miércoles en una segunda fase al marcar los jueces de la Audiencia Provincial hasta donde alcanza la denuncia de Manos Limpias para investigar. Y de todos los supuestos indicios presentados por el pseudosindicato solo se salvan las dos copias de una carta-tipo en la que Begoña Gómez estampó su firma recomendando a una UTE de empresas que finalmente consiguieron dos contratos públicos.

El movimiento podría arrebatar la causa al tribunal especial, que puede plantear un conflicto de competencias que resolverá el Supremo. Como uno de esos contratos estaba cofinanciado con fondos europeos, la Fiscalía Europea solicitó información adicional para valorar si concurrían los requisitos para asumir la competencia también por estos hechos. Tras recibir esa documentación, la Fiscalía Europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados.

La reportera Isabel Balado estaba haciendo una conexión en directo para un programa de televisión cuando el acusado le tocó el culo

La querella menciona el perfil de "mujeres jóvenes, de aspecto aniñado" que pedía Paso en las audiciones con el objetivo, asevera el texto, de "conseguir disfrutar sexualmente de las jóvenes, aunque ello supusiera destrozarlas psicológicamente y el fin de su inicial carrera teatral". Y señalan que hubo "relaciones sexuales vaginales, anales y bucales, sin contar con el consentimiento libre emitido por las jóvenes, que rechazaban los encuentros sexuales, si bien en ocasiones se sentían constreñidas a realizarlos

El organismo judicial analiza la actuación del Ejecutivo de Prohens para dejar que caducase el expediente de reclamación de 2,3 millones de euros y la conversación con Tellado.

El Ministerio Público pide el archivo de la causa abierta por una nota de prensa de la Fiscalía que desmentía un bulo de Miguel Ángel Rodríguez: "Admite todas las diligencias de González Amador sin alterar una sola coma"

La Fiscalía Anticorrupción ha situado al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana en el centro del entramado del caso Erial y le ha recriminado su "falta de honradez" al no asumir su responsabilidad en los amaños de las ITV y del plan eólico y por "usar a tantos amigos" para su propio beneficio.

La petición del Fiscal Anticorrupción de 19 años de cárcel contra el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, se basa en el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y el Plan Eólico. Una actividad ilícita que el Ministerio Público concreta en la comisión de los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa.