La nueva norma europea pretende relajar y acelerar la tramitación de proyectos mineros y abrir la puerta a la financiación pública. Así, los fondos de la UE (y no los yacimientos minerales) pueden acabar por convertirse en el objetivo principal de muchos operadores especulativos, siguiendo el patrón habitual que, tras la quiebra, sólo deja tras de sí legados medioambientales tóxicos y deuda pública.
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