Los grupos de la Cámara gallega han acordado este texto después de conocerse las afirmaciones contenidas en la resolución judicial de la magistrada María Belén Ureña Carazo en la que se denomina “Galicia profunda” a un pueblo gallego y se atribuyen limitaciones a la felicidad y al desarrollo integral de una persona por vivir en ella. El texto, que deja claro que al Parlamento gallego no le corresponde pronunciarse sobre el fondo de la cuestión que, en todo caso, “debe priorizar el interés superior del menor”.
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