Ningún país está obligado a mantener relaciones diplomáticos con otro pero, si decide establecer esas relaciones, debe sujetarse al marco normativo del Derecho Internacional. Ese marco ha sido establecido democráticamente por la comunidad internacional y lo ha aceptado España. Lo que carece de sentido es pretender relaciones ‘privilegiadas’ con Latinoamérica al tiempo que se violan reglas cardinales como la No Intervención o se asume como conducta violentar la dignidad soberana de un Estado.
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