En España, únicamente cuando hay sentencia firme una empresa deja de ser contratada por la administración. En otros países, como Holanda, basta el indicio de criminalidad para expulsar a una empresa de una adjudicación. Aquí, por el contrario, el tiempo durante el cual una empresa no puede recibir adjudicaciones públicas lo marca la sentencia y, si no lo hace, es un órgano dependiente de Hacienda quien decide. Se abre así un proceso largo, en el que la empresa puede seguir recibiendo contratos y en el que se tienen en cuenta muchos factores.
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