Un militar expulsado del Ejército, un juez condenado a 20 años de inhabilitación o una Guardia Civil del Seprona, han coincidido en una cosa: España no protege a quienes tienen el valor desde dentro de las instituciones a denunciar la corrupción sistémica que existe, sino que, por el contrario, esos mismos organismos, que deberían estar empeñados en limpiar sus sótanos de la ponzoña corrupta, les machaca, pone todo su poder de influencia y económico al servicio de quienes quieren evitar que sus comportamientos espurios salgan a la luz
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