Son unas rampas de hormigón que pretendía ser el inicio del soterramiento de la M-30 en la zona norte de la ciudad. Estas rampas, a ninguna parte, se presupuestaron por 10,44 millones de euros y acabaron costando 11,48 millones, un 10% más. Era el límite que permitía la ley para sobrecostes de liquidación, una figura legal que permite un incremento para las variaciones de las unidades de obras ejecutadas sin previa aprobación de ese porcentaje como máximo.
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