Una de las promesas del Gobierno al comienzo de la legislatura fue impedir la segregación del alumnado por género en los centros educativos públicos y concertados del país que, en caso de hacerlo, no podrían optar a financiación pública. Compromiso que cumplió con la entrada en vigor de la nueva ley de educación, la LOMLOE, el 19 de enero de 2021.
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