La polémica por las residencias de mayores nunca ha dejado de estar presente en la Comunidad de Madrid, pero esta ha cogido especial fuerza desde el coronavirus, cuando el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso firmó los conocidos como protocolos de la vergüenza, que impidieron el traslado de residentes a hospitales con un número -el 7.291 en referencia a estas persona que fallecieron por la no derivación- que persigue a la presidenta cada vez que este tema sale en el debate político o social.
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Genocidio