La molestia de editores, libreros, distribuidores, autores y demás actores implicados radica en que sienten que la norma de la Comunidad de Madrid, aún en fase parlamentaria, se ha redactado a sus espaldas. A las espaldas de cerca de 20.000 trabajadores de un subsector que representa el 43,4% de toda la edición española y los dueños y trabajadores de alrededor de 170 librerías y papelerías agrupadas que venden libros de texto en los núcleos urbanos y rurales de la Comunidad de Madrid; así como autores, distribuidores e ilustradores.
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