España ocupa la posición 64 de los 100 países que cuentan con una ley de acceso a la información. La Ley de Transparencia (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) llevaba un año aprobada y ha tardado en entrar en vigor, mientras la corrupción galopa desbocada. Ahora, el Estado mismo, a través del gobierno que lo encarna, es el primer obligado a cumplir las leyes.
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