¿Y si resultara que el Gobierno de Aragón (Diputación General de Aragón, DGA) lleva dos décadas valorando erróneamente los méritos de sus funcionarios en los concursos de promoción? Eso es lo que acaba de dictaminar la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) de la comunidad, lo que le deja al Ejecutivo la única opción de intentar elevar el asunto al Supremo para tratar de salvar su política de personal.
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