Un juez ordena enjuiciar si el industrial Ramón Casajuana cometió un delito de alzamiento de bienes al quedarse sin patrimonio cuando sus 130 exempleados habían interpuesto una demanda millonaria con la que los tribunales les reconocieron el derecho a cobrar 5,2 millones por sus despidos y 4,4 en salarios de tramitación.
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