El juez Manuel García Castellón sostiene que el BBVA atentó "contra los derechos fundamentales" de los enemigos a los que ordenó investigar al contratar al comisario José Manuel Villarejo a cambio de 10,2 millones de euros. El instructor considera ya acreditado que el banco encargó al ex alto mando policial seguimientos, interceptación de comunicaciones y espionaje a cuentas bancarias
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