Según han confirmado fuentes jurídicas, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid cursó el pasado 10 de mayo el decreto de embargo de cuentas y del IRPF contra Pedro Barriuso, el que fuera máximo responsable de la división de Renovables de Iberdrola, contra Rafael Icaza de la Sota, director de control, y contra Ricardo Bravo, ejecutivo de Ibercyl, a través de la cual y según la Fiscalía se organizó una trama de corrupción para la concesión irregular de autorizaciones de parques eólicos en la comunidad autónoma entre 2003 y 2011.
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