El hecho de que Juan Carlos I establezca su residencia fiscal en el extranjero resolvería, en parte, su relación con Hacienda. Según las mismas fuentes, para que el rey haya podido hacer frente a su regularización de cuatro millones de euros ha recibido préstamos de empresarios amigos con cinco años para su devolución, de tal manera que el fisco no lo considere una donación. Esto evitaría futuros delitos fiscales que empañen todavía más su figura.
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