El decreto fiscal elimina el apoyo estatal a la persecución política y racial, así como a los jubilados de guerra. Un recorte de 50 millones al Fondo establecido en el Ministerio de Economía, con efecto inmediato. Y así, exactamente a los ochenta años de las leyes raciales, se recortan los subsidios planeados desde 1955 para aquellos que han sufrido persecución fascista debido a la religión judía o las ideas políticas.
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