La realidad, sin embargo, sería muy distinta: los contratos mercantiles y civiles seguirán en vigor, el Estado seguirá pagando las nóminas de los empleados públicos y las pensiones de los jubilados, y, además, los juzgados continuarán funcionando con plena normalidad. Y no parece que el Ejército —o el resto de cuerpos de seguridad del Estado— vaya a poner pies en polvorosa.
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