El caso, Virginia Occidental contra la Agencia de Protección Medioambiental, es el resultado de una estrategia coordinada de varios años por parte de fiscales generales republicanos, activistas legales conservadores y sus financiadores, varios de ellos vinculados a las industrias del petróleo y el carbón, para utilizar el sistema judicial con el fin de reescribir la legislación medioambiental, debilitando la capacidad del poder ejecutivo para hacer frente al calentamiento global.
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