Los expertos en el sector energético consideran que el Ejecutivo quiere retrasarlo para tener el menor desgaste político posible, al ser una norma diseñada para continuar favoreciendo a las eléctricas y que deja desamparadas a las personas que quieran producir su propia energía. Dieciocho partidos políticos han firmado un manifiesto por el que se han comprometido a derogarlo cuando se apruebe. Ecologistas sindicatos consumidores asociaciones empresariales y movimientos sociales a favor de la democratización energética también firmaron en contra
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