El Gobierno garantiza que con la futura Ley de Memoria Democrática se podrán investigar delitos cometidos entre el inicio de la Guerra Civil, en julio de 1936, y la entrada en vigor de la Constitución, que tuvo lugar el 29 de diciembre de 1978, pero no aclara si está en sus planes retocar la Ley de Amnistía de 1977, que hasta ahora han esgrimido los tribunales para frenar esas investigaciones que han intentado impulsar víctimas de la represión franquista.
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