El Ejecutivo ha dejado en un cajón un Real Decreto que debía regular esta cuestión y al que el Consejo de Estado dio su visto bueno dos meses antes de las elecciones generalesCon ello, se ha ahorrado publicar las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos nombrados y cesados entre el 1 de julio de 2014 y el pasado 30 de junioA finales de octubre, Soraya Sáenz de Santamarí
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