El Tribunal Supremo ha condenado este jueves al Estado a abonar 57 millones de euros a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual por los perjuicios que les causó entre los años 2015 y 2017 la normativa aprobada por el Gobierno del PP en diciembre de 2011, cuando suprimió la compensación equitativa por copia privada, también llamado canon digital.
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