El Gobierno español ha acordado con Bruselas una modificación del impuesto de sociedades que aclara las dudas que se cernían sobre la consideración de los activos fiscales diferidos (DTAs por sus siglas en inglés) por parte de la banca. Bajo la nueva norma, la banca española tendrá que pagar en determinados supuestos impuesto por el aval público recibido para que una parte de los DTAs puedan ser considerados capital de máxima calidad, explicó el lunes el Ministerio de Economía.
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