La autonomía para poder tomar la decisión de poner fin a la propia vida acabará siendo reconocida en términos más amplios de los que figuran en la ley de eutanasia recién aprobada. En todo caso, bien está que se haya dado este primer paso. Con su misma aplicación se irán creando las condiciones para que el derecho a una muerte digna acabe siendo reconocido con la amplitud que debe serlo.
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