La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a penas que suman tres años y un día de prisión a un funcionario de justicia destinado en el Registro Civil que exigió favores sexuales a 17 mujeres para agilizar sus solicitudes de nacionalidad. Ha sido absuelto de otros tres delitos de abusos sexuales por los que igualmente fue juzgado porque las víctimas no presentaron denuncia contra él.
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