Antes de esta decisión, el tribunal de apelación ya había apuntado al instructor cómo proceder en otras causas como Púnica, los CDR o sus intentos de investigar la financiación de Podemos. El Tribunal Supremo también frenó la intención de García Castellón de que se investigara si el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, había cometido un delito de descubrimiento y revelación de secretos; otro de daños informáticos; y otro de acusación y denuncia falsa, en relación con el robo del móvil de la asesora de Podemos
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