Autorizó la compra por el Canal de la colombiana Inassa en 2001 sin marco legal para ello y la adquisición se ejecutó a través de un paraíso fiscal. Los investigadores creen que se desviaron al menos 25 millones de euros de fondos públicos tras pagar por la compañía un valor muy superior al real. En las grabaciones a los imputados hay cinco referencias sospechosas a Ruiz-Gallardón, cuyos ingresos son investigados ya por la Audiencia Nacional.
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