(...) ¿No genera cierta inquietud que la declaración de la víctima sirva, en situaciones como esta, como única prueba de cargo? ¿No nos hace removernos incómodos en la silla que se ponga fin así a la carrera de un representante de los ciudadanos? ¿Puede servir la inhabilitación, ocho años más tarde y en un caso resuelto con una multa, al propósito de reeducación y reinserción social que persigue nuestra Constitución? ¿Acaso no denota reinserción que un joven antisistema haya acabado integrado en las instituciones?
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