La llegada de políticos con cargos de responsabilidad a los grandes despachos de servicios jurídicos, a raíz de su formación como juristas, es un arma de doble filo que no siempre sale como se espera. El caso de Albert Rivera y Martínez Echeverría no es más que el reflejo de otros procesos que se han abierto con resultados distintos, pero con un nexo común: el riesgo que pueden suponer para un negocio tan delicado como la prestación de servicios de asesoría jurídica los posibles ‘debes’ que los políticos reciclados al derecho
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