La red, en la que estaban implicadas 20 empresas, entre las que destacan las sociedades Marfishval y Pescnort Mar, falseaba ejemplares para darles apariencia de atún rojo y falsificaban la documentación para lucrarse. A los acusados se les atribuyen posibles delitos relativos a la pesca furtiva del atún, un delito contra la fauna, contra la salud pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal. El objetivo de la trama era “suplantar la identidad de los ejemplares para darles
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