Dice el Consejo Europeo que “por primera vez las plataformas de distribución de vídeos estarán sometidas a normas que garanticen una mejor protección para el público y, en especial, para los menores, frente a contenidos violentos o nocivos o discursos de incitación al odio”. Pero lo que no dice es que, bajo esas normas, lo que se establece es un sistema de censura administrativa.
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