La podrían solicitar las personas con rentas de menos de 236 euros y sería compatible con tener un empleo precario. Supondría un gasto de 3.500 millones de euros al año a las arcas del Estado, engordaría el déficit público en 0,1% del PIB cada año y ayudaría a aliviar la pobreza de 1,8 millones de hogares en el país.
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