El Gobierno aragonés acatará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que exime a los trabajadores de las residencias de pagar, ellos mismos, las PCR que deben realizarse cada 72 horas, en el caso de no estar vacunados. En cualquier caso, la consejera de Derechos Sociales, María Victoria Broto, asegura que esas pruebas seguirán siendo obligatorias, y que hablarán con las residencias para estudiar quién asume los costes.
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