Los colectivos de pescadores y otros grupos de afectados por la fuga de crudo ocasionada por Repsol el 15 de enero de 2022 denuncian la falta de una vía efectiva de compensación por los daños causados, la pasividad de las instituciones competentes a la hora de intervenir a favor de las víctimas y la persistencia de los remanentes del desastre en el fondo marino y en zonas de difícil acceso.
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