Según el escrito de acusación, el abogado, que representaba a la mujer en un procedimiento de incapacidad ante la Seguridad Social, le reclamó varios pagos alegando que eran para la presentación de un recurso contra una solicitud contraria sus intereses, aunque "sin intención" de presentar este documento, recoge. También le reclamó 900 euros para un informe pericial y 175 euros para la procuradora.
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