Al nacer la Segunda República Española en abril de 1931, la cuestión religiosa y las relaciones entre la Iglesia y el Estado fueron de las más debatidas y un punto de conflicto en la sociedad y los políticos, principalmente durante el periodo constituyente pero extendido con mayor o menor intensidad según cada momento hasta el final de la Guerra Civil.

Recopilación de viñetas y portadas sobre el Rey emérito Juan Carlos I de Borbón en la revista El Jueves.

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha propuesto una Constitución Digital que garantice los valores y derechos fundamentales para reducir la brecha digital. A través del Manifiesto por un Nuevo Pacto Digital, que la empresa presentará el 25 de junio en Madrid, el presidente de Telefónica propone iniciar un debate en el que se encuentre cómo conseguir una digitalización centrada en las empresas. Y para ello, ‘se necesita una Constitución Digital’ que garantice los valores y derechos fundamentales en un futuro digital.

Uno de los puntos más importantes de todo régimen es su Constitución. Sin embargo, la de la II República no es muy conocida. Por ello, esta entrada busca ser una especie de repositorio de aquellos puntos más destacados (por avanzados, progresistas o incluso curiosos) del texto constitucional de 1931. No es un análisis doctrinal, sino una sección de curiosidades que busca acercar al público esta norma tan peculiar. Quiero centrarme también en cosas en las que considero la Constitución de 1931 más avanzada que la que tenemos ahora.

Novedad editorial de próxima aparición. El autor pregona que la IA y los robots deberán ser dotadas de emociones (e-mociones) lo más humanas posibles porque llegará un día que tendremos que convivir con ella como lo hacemos hoy en día con las mascotas. El ensayo hace un repaso además sobre el impacto en la vida OnLife, la transformación humana y emocional, la comunicación del silencio, el mapa de las e-Pasiones, los cerebros narrativos y la propuesta por todo ello de la conveniencia de una Constitución Digital Europea

Se cumple el aniversario del referéndum que dio luz verde a la Constitución de 1978, la normal fundamental que también aborda la ciencia y la tecnología.

El arsenal jurídico del gobierno español para afrontar las consecuencias de esta declaración de independencia de Cataluña es algo que hasta ahora no se ha utilizado nunca. Partiendo de la Constitución española, el presidente Mariano Rajoy puede activar ante el presidente catalán Carles Puigdemont los artículos 155 y 116.

Mitificar la constitución es mantener lo retrogrado.

Parece mentira que en plena revolución digital, hayamos estrenado un Ministerio de Agenda Digital que está callado y silencioso, como si no fuera con él esto de la Industria 4.0, Blockchain, el IoT, el BigData, la Inteligencia Artificial y otros tópicos que promete ser el futuro modelo productivo que tire de la economía y transforme completamente la conducta de los españoles. Ejemplos de la inmadurez digital se citan en la Banca, Administración pública, Gobernanza o la escuela son algunos botones de muestra

Tras la proclamación de la República el 14 de abril de 1931, Clara Campoamor comenzó su militancia en el Partido Radical, consiguiendo un escaño en las Cortes Constituyentes y un puesto en la comisión de redacción de la Constitución republicana de 1931. Esto le valió el sobrenombre de la madre de la Constitución, ya que a día de hoy es la única mujer que ha participado en la redacción de una norma fundamental, incluyendo la actual de 1978 que, no por casualidad, tiene siete padres.

La pepa es antiforal porque en los artículos 8 y 9 establece la obligatoriedad de la contribución general, directa y personal de “los españoles” a las arcas del estado y al servicio militar, lo que sin duda consistía un claro contrafuero.

La democracia representativa descansa en determinados principios que no pueden ser siquiera sometidos a discusión, porque es la indiscutibilidad de unos pocos principios lo que nos permite discutir civilizadamente lo demás. El primer principio no susceptible de ser discutido es el de que los representantes elegidos de manera directa por los ciudadanos mediante el ejercicio del derecho de sufragio no pueden ser perseguidos penalmente por las "opiniones manifestadas" o por los "votos emitidos" en el ejercicio de su función representativa.

La declaración no pudo sorprender al ministro de Hacienda, Sr. Montoro, pues en noviembre de 2010, cuando el Gobierno de Zapatero vetó 22 enmiendas del PP al proyecto de Presupuestos -entre ellas, una subida de las pensiones-, Montoro, entonces portavoz económico de su partido, anunció que reclamaría ante la Mesa del Congreso y reprochó al Gobierno que no dudara "en violentar las reglas elementales de la democracia y menoscabar los derechos del Parlamento".

Es una de las grandes controversias de nuestra lengua. Aunque la Real Academia considere que esta cuestión está superada —como veremos más adelante—, es preciso señalar cuáles son los matices de ambos términos, y por qué hoy en día sigue existiendo una polémica que parece ser suscitada por determinados sectores políticos.

Es verdad que se trata de un presidente del Gobierno, y no de un primer ministro, y que la Constitución prevé que, una vez elegido, sólo podrá remplazarse por dimisión o por una moción de confianza constructiva (es decir, votando a otro presidente en su lugar), lo que se justificaba ante la incertidumbre de la Transición para evitar caer en inestabilidades constantes. También el presidente tiene la facultad –poder real- de nombrar y quitar ministros, y de disolver anticipadamente las Cortes.

Las iniciativas populares permiten a la gente modificar la constitución federal. El 125 aniversario de este instrumento se cumplió el 5 de julio de 2016.

El TC ha acordado dar traslado a la demanda presentada por el ejecutivo aragonés al Gobierno presidido por Mariano Rajoy, el cual dispondrá de 20 días para aportar los "documentos y alegaciones que considere convenientes"

Tres poetas reconstruyen sintácticamente tres obras fundamentales del canon occidental con resultados sorprendentes e iluminadores

La Constitución de 1931 nos deja en la distancia un legado que merece ser recordado en tiempos donde además de imperar la desmemoria interesada se atacan pilares fundamentales de la democracia, especialmente en el ámbito de los derechos clásicos y sociales.

Entre los diputados se formaron enseguida dos grandes grupos ideológicos: los partidarios del absolutismo y del viejo orden tradicional, llamados por sus enemigos «serviles» –diputados como Blas de Estolaza y Lázaro de Dou– y los liberales, partidarios de reformar la sociedad del Antiguo Régimen, representados por políticos brillantes como Agustín Argüelles, Diego Muñoz Torrero, el conde de Toreno y José María Calatrava

Carece de la legitimidad dinástica, por cuanto contrajo un matrimonio morganático que lo despoja de sus derechos de sucesión, con arreglo a la Pragmática Sanción de 1776 de Carlos III. Esta ley dinástica sigue vigente y fue reconocida por la actual Constitución: La Constitución reconoce el orden regular o leyes dinásticas de sucesión desde la llegada al trono de Felipe IV hasta ahora. Así, pues, la Constitución reconoce la vigencia de la Pragmática Sanción de 1776, decretada por Carlos III que pretendía evitar la proliferación de matrimonios…

(...) Si la corrupción es sistemática y no regulable, es una corrupción de origen

Así, el consenso socialdemócrata, es decir, la confabulación de las oligarquías políticas, financieras, mediáticas y comerciales que sustituyeron el consenso social por otro político, incompatible con la democracia, aparecía nítidamente plasmado en la propia Carta Otorgada, que ya en su preámbulo habla de “sociedad avanzada”, lo que recuerda en lenguaje leninista a la búsqueda del hombre nuevo, el fin último de todo totalitario. De facto, el texto convierte a partidos y sindicatos, mediante su mención, en partidos estatales.