Garzón aprobó la incomunicación de veinticinco de los detenidos, diecisiete de los cuales denunciaron haber sido víctimas de torturas. Garzón les menospreció y dio validez a las declaraciones hechas bajo tortura. Doce años más tarde, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo sentenció que España había vulnerado los derechos humanos con esta operación .
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