Entre los cambios más representativos está la tipificación como violencia machista de la ejercida contra las hijas e hijos con el fin de dañar a las mujeres. Incluye a las mujeres trans sin que deban aportar un informe médico que demuestre su género y califica el SAP (Síndrome de Alienación Parental) como una forma de violencia institucional, quedando vetado también como recurso.
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