Se llama Tribunal de Cuentas pero no es ningún juzgado y tampoco está sometido al Poder Judicial. El máximo órgano fiscalizador del Estado es quien vigila la contabilidad de las formaciones políticas, de sus fundaciones y de los organismos públicos, que no pasan por la lupa de la Agencia Tributaria salvo que medie la intervención de un juez si hay sospechas de delito.
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