Es indudable que, con el sistema de autoliquidaciones, la Administración traspasa a los contribuyentes la responsabilidad derivada de la aplicación de los tributos. El endoso sería irrelevante si no fuera por los riesgos pecuniarios que comporta para el particular. Para eximir al contribuyente de dicha responsabilidad, ha entrado en el mercado de los fetiches jurídicos un supuesto “derecho al error”. Su creación está fuera de los cauces normativos y pertenece al ámbito doctrinal. “El derecho al error” no es más que un eslogan publicitario.
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