En enero de 1979 se habían firmado los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede –Concordato encubierto-, que mantenían buena parte de los privilegios educativos, económicos, fiscales, culturales, sociales e incluso militares concedidos a la Iglesia católica en el Concordato franquista y nacionalcatólico de 1953, sin contrapartida alguna de la Iglesia católica. En realidad eran una actualización del Concordato nacional-católico. No pocos juristas consideraron dichos acuerdos preconstitucionales e incluso anticonstitucionales.
