El Tribunal Constitucional ha rechazado los argumentos antivacunas y ha decidido avalar que un juez pueda establecer la vacunación obligatoria contra la COVID-19 de una persona incapacitada judicialmente. Los magistrados han rechazado, con el apoyo de la Fiscalía, el recurso del hijo de una mujer enferma de Alzheimer, que combatía la decisión judicial de vacunar a la anciana de forma obligatoria. Para ella la vacunación tenía “mayores beneficios que perjuicios desde el punto de vista de la protección de su salud individual".
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