El fiscal no asumió el pago cuando el Gobierno gallego dejó de hacerlo en 2016 tras varios avisos y el propietario lo reclamó judicialmente. La Xunta rechaza ahora seguir asumiendo el coste "si lo que existe es un pacto tácito" entre el fiscal y el propietario del piso para prolongar la situación. En febrero de 2010, mes y medio después de finalizado el plazo original del contrato de cinco años, la Xunta "dirige escrito" al fiscal "en el que se pone en su conocimiento que en fecha 31 de diciembre de 2009 finalizó el plazo de duración pactado..
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