"Sin embargo, el BNG debería saber perfectamente que los plazos para resolver un expediente no eximen a la administración de cumplir con su obligación y, por supuesto, no pueden perjudicar al solicitante", han señalado desde la Xunta. "La Xunta tuvo que recurrir a personas que ocupan puestos directivos de libre designación para firmar los informes", ha asegurado la central nacionalista.
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También sobre el procedimiento de autorización ambiental de Altri, la CIG ha vuelto a denunciar este sábado "opacidad y presiones" al personal funcionario de la administración autonómica.
En una nota de prensa, ha censurado que la "presión" sobre el personal es "bestial", haciendo referencia a funcionarios que, según señala el sindicato, "se negaron a sacar adelante las autorizaciones por la información parcial y sesgada que da Altri para su proyecto".