En 2013, la empresa estatal Hunosa denunció la desaparición de 500.000 toneladas de carbón almacenadas en las empresas Coto Minero del cantábrico y Uminsa, propiedad del empresario Victorino Alonso, el más importante empresario privado del sector. La denuncia levantó una gran polvareda. Hubo demandas cruzadas. Esta semana, tres años después, un juez de Oviedo ha condenado a las empresas de Alonso a pagar 46 millones de euros por el carbón "evaporado".
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